El Museo del Hermitage de San Petersburgo ha decidido suspender todas las expediciones arqueológicas en la Crimea ocupada por Rusia, aplazando las actividades sobre el terreno hasta nuevo aviso. La decisión se produce en un momento de gran tensión en la península, anexionada unilateralmente por Moscú en 2014, mientras que el Kremlin ha declarado el estado de emergencia debido a la grave escasez de combustible provocada por los ataques de Ucrania contra las refinerías, las infraestructuras y los objetivos estratégicos de Rusia.
El arqueólogo Alexander Butyagin, responsable de la expedición del Hermitage en el yacimiento de Myrmekion, quien, en una declaración a la agencia rusa TASS, explicó que todas las misiones se han pospuesto hasta que la situación vuelva a permitir el desarrollo normal de las actividades. «Las expediciones», afirmó, «se aplazan hasta que la situación mejore. Las razones, creo, no necesitan comentarios. Por el momento, resulta difícil organizar el trabajo con normalidad».
La suspensión se produce en un contexto especialmente delicado, también en el plano político y judicial. El propio Butyagin es, de hecho, una figura especialmente controvertida: las autoridades ucranianas le acusan de haber llevado a cabo excavaciones en el yacimiento arqueológico de Myrmekion sin las autorizaciones previstas por la legislación de Kiev tras la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa, hasta tal punto que, en 2025, los fiscales ucranianos presentaron cargos formales contra él alegando que las actividades arqueológicas se habrían llevado a cabo en violación de la soberanía ucraniana sobre la península. En diciembre de ese mismo año, el arqueólogo fue detenido en Polonia en virtud de una solicitud de extradición presentada por Ucrania. Sin embargo, en marzo de este año, un tribunal de distrito de Varsovia consideró que la solicitud de extradición era jurídicamente admisible y el procedimiento quedó suspendido tras el recurso presentado por la defensa, tras lo cual el caso se remitió a las instancias superiores de la justicia polaca. En cualquier caso, antes de que el proceso judicial llegara a su fin, Butyagin fue puesto en libertad en el marco de un intercambio de prisioneros mediado por Estados Unidos entre Bielorrusia y Rusia, lo que le permitió regresar al territorio ruso.
Pero no se trata únicamente de la historia personal del arqueólogo: la controversia en torno a las actividades de investigación llevadas a cabo por Rusia en los territorios ocupados de Crimea es mucho más amplia. Crimea forma parte integrante de su propio territorio y, al igual que la comunidad internacional, no reconoce la anexión rusa de 2014. En consecuencia, según Kiev, cualquier intervención arqueológica que se lleve a cabo en la zona requiere autorizaciones expedidas por las autoridades ucranianas. La cuestión de la legitimidad de las actividades arqueológicas en Crimea abarca, obviamente, no solo los aspectos jurídicos de la soberanía territorial, sino también la protección del patrimonio cultural y la gestión de los yacimientos arqueológicos.
Precisamente en Myrmekion, según las autoridades de Kiev, se habrían sustraído treinta monedas de oro, veintiséis de las cuales llevaban el nombre de Alejandro Magno, y se habrían causado daños a un yacimiento arqueológico protegido. También por estas razones, en febrero de 2025, los servicios de inteligencia militar ucranianos incluyeron a Butyagin en el registro gubernamental que recoge los nombres de las personas acusadas de haber infringido la legislación ucraniana en los territorios ocupados por Rusia, la cual, por su parte, rechaza todas las acusaciones y tilda de infundadas las denuncias ucranianas.
Además, las autoridades culturales ucranianas acusan desde hace tiempo a las fuerzas rusas de haber trasladado ilegalmente colecciones museísticas procedentes de los territorios ocupados. Según Kiev, numerosas obras de arte sustraídas de los museos ucranianos habrían reaparecido posteriormente en instituciones culturales de la Crimea controlada por Rusia. Entre los episodios más recientes figura el denunciado por el Museo Regional de Arte de Jersón: ya en 2024, el personal del museo declaró haber identificado cien obras pertenecientes a sus colecciones y que se consideraban sustraídas durante la ocupación rusa de la ciudad.
Paralelamente, también continúa el seguimiento internacional de las actividades que afectan al patrimonio cultural en los territorios ocupados. La página web «The Ancient City of Tauric Chersonese and its Chora», gestionada por el Instituto de Estudios Estratégicos de Crimea, sigue la evolución de la situación en el yacimiento de la UNESCO de Quersoneso Táurico. Por su parte, otro archivo digital, denominado «War Sanctions», recopila información sobre excavaciones consideradas ilegales, robos en museos y destrucción de bienes culturales en diversas zonas de Ucrania.
El Instituto de Estudios Estratégicos de Crimea ha desarrollado además un mapa interactivo que documenta las destrucciones, los saqueos y las actividades arqueológicas consideradas ilegítimas. En los últimos años, diversos estudios académicos han analizado la gestión del patrimonio cultural por parte de Rusia, prestando especial atención a Crimea. Las autoridades ucranianas sostienen que numerosos arqueólogos rusos han participado en campañas de excavación que infringen tanto la legislación nacional como el derecho internacional. Según Kiev, muchas de estas operaciones estarían relacionadas con grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de la autopista que une el Puente de Crimea, cerca de Kerch, con Sebastopol.
Las obras habrían supuesto la destrucción de numerosos yacimientos arqueológicos, aunque, según algunos estudiosos, las campañas de arqueología preventiva llevadas a cabo antes del avance de las obras habrían permitido, en cualquier caso, documentar parte de los testimonios históricos, respetando los estándares metodológicos de la disciplina a pesar de las fuertes presiones operativas.
El debate sigue abierto también en el plano ético y profesional. Algunos estudiosos consideran justificada la adopción de medidas judiciales contra los arqueólogos implicados en las actividades en los territorios ocupados, mientras que otros invitan a distinguir las responsabilidades individuales del contexto político en el que operan muchos investigadores rusos.
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| El Hermitage suspende las expediciones arqueológicas en la Crimea ocupada por Rusia |
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