El sector del arte en Francia se levanta contra un proyecto de ley que podría afectar significativamente al arte: se trata de la propuesta de revisión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IFI, impôt sur la fortune immobilière), que ahora se convertirá en un “Impuesto sobre la Fortuna Improductiva” (impôt sur la fortune improductive), manteniendo el mismo acrónimo. Este impuesto, creado en 2018 para sustituir al Impuesto de Solidaridad sobre la Fortuna (ISF), criticado en su momento por el Gobierno por ser perjudicial para la economía nacional, mantiene el umbral a partir del cual se aplica; se trata de un impuesto que grava a las personas físicas cuyo patrimonio imponible supere los 1,3 millones de euros. La revisión pretende desincentivar determinadas inversiones calificadas de “improductivas” -entre ellas la especulación inmobiliaria o la colocación de rentas vitalicias- y que, según los redactores, contribuyen poco o nada al dinamismo económico del tejido nacional.
La adopción del nuevo impuesto sobre el patrimonio no sólo supondría un cambio de nombre, sino sobre todo una ampliación de la base imponible. Aunque el tipo impositivo se fija enel 1% sobre la fortuna improductiva, los bienes que se tendrían en cuenta a raíz de la revisión ya no se limitarían exclusivamente a los activos inmobiliarios, sino que incluirían diversos activos financieros escasamente invertidos en la economía real, como los fondos de seguros de vida en euros, los activos digitales, incluidas las criptodivisas, y determinados bienes de lujo, como yates, jets privados, coches de coleccionista y, de hecho, obras de arte. El proyecto de ley se está debatiendo actualmente en el Parlamento francés: la modificación de la ley del impuesto sobre el patrimonio, incluida en la ley de presupuestos, fue aprobada en la Cámara gracias a una mayoría inusual, formada por los centristas del MoDem, el partido socialista y la extrema derecha de la Agrupación Nacional, mientras que La France Insoumise (izquierda radical), los Verdes, el partido de centro-derecha Horizons y los Republicains votaron en contra, todos por razones diferentes, a menudo opuestas. El Gobierno expresó una opinión desfavorable, ya que considera que las consecuencias presupuestarias aún no están claras.
Es precisamente la inclusión de las obras de arte en la base imponible del nuevo Impuesto sobre Fortunas Improductivas lo que ha desencadenado una fuerte reacción y preocupación en el mundo de la cultura y el patrimonio. El Syndicat des Négociants en Art (SNA), el sindicato de los marchantes de arte, dio inmediatamente la voz de alarma sobre las posibles consecuencias económicas y culturales de tal medida, señalando que pondría en peligro la vitalidad del mercado del arte y la influencia internacional de Francia. La SNA y el Comité Professionnel des Galeries d’Art (CPGA), junto con otras organizaciones, consideran que la calificación de las obras de arte como “bienes improductivos” se deriva de una “profunda incomprensión del papel esencial que desempeñan”, escriben en una nota. Las obras de arte, señalan, contribuyen activamente a la vitalidad cultural y económica del país: alimentan el mercado, fomentan el mecenazgo y enriquecen el patrimonio nacional.
Las consecuencias que teme el mundo del arte son múltiples. Se teme una probable fuga de colecciones y patrimonio fuera de Francia, una ralentización del dinamismo económico y cultural de todo el sector y un debilitamiento significativo de las instituciones museísticas, que se verían privadas de importantes donaciones y daciones (pago de impuestos mediante la cesión de obras de arte). Al imponer este mecanismo fiscal, Francia correría el riesgo, según el sector artístico, de comprometer una de sus principales ventajas estratégicas: su prestigio cultural y su atractivo internacional.
Por ello, el Syndicat des Négociants en Art hizo un llamamiento a los políticos en favor del sentido común y la responsabilidad, recordando que la defensa de la cultura implica la protección de todo un ecosistema profesional. Este ecosistema incluye, además de los coleccionistas, las galerías, los marchantes, los artesanos, los restauradores, los transportistas, las casas de subastas y todas las profesiones colaterales asociadas al mercado del arte.
El Comité Professionnel des Galeries d’Art (CPGA) también se movilizó urgentemente para proteger la exención fiscal de los bienes culturales y la estabilidad del mercado francés.
A iniciativa del CPGA, una amplia coalición de casi treinta organizaciones del mundo del arte formó una declaración conjunta y la remitió a las autoridades públicas. Esta coalición incluye, entre otros, al SLAM (Syndicat national de la Librairie Ancienne et Moderne), la CEA (Compagnie des Experts en Art et Antiquités), laUFE (Union Française des Experts en objets d’art) y la FNEPSA (Fédération Nationale d’Experts Professionnels Spécialisés en Art).
Los profesionales subrayan en su declaración que la vitalidad del ecosistema cultural se basa en la circulación de las obras y elcompromiso de los agentes privados. En Francia, las obras no constituyen un capital estéril, sino que sustentan todo el ecosistema de circulación y creación, que incluye a artistas, expertos, galerías, casas de subastas, restauradores, artesanos y transportistas especializados. El mercado del arte genera más de 5.000 millones de euros en ventas, sostiene la actividad de unos 30.000 artistas franceses y crea, según la Coalición de la Oposición, más de 60.000 empleos directos a los que se añaden más de 100.000 empleos indirectos, alcanzando un nivel comparable al del sector editorial o publicitario. Los ingresos fiscales generados por el sector proceden principalmente de la actividad económica y de los puestos de trabajo que sostiene. Una contracción del mercado, provocada por la fiscalidad, conduciría inevitablemente a una disminución del volumen de negocios de las estructuras culturales y económicas, lo que se traduciría en una disminución del empleo y en pérdidas fiscales estimadas entre 245 y 457 millones de euros, o incluso entre 305 y 578 millones de euros incluyendo todas las industrias auxiliares. Así pues, la estabilidad fiscal se considera un interés nacional vital, además de cultural.
Los profesionales señalan también una paradoja fundamental: mientras que el impuesto pretende reorientar el ahorro hacia inversiones productivas o contrarrestar la optimización fiscal, en la práctica penalizaría indiscriminadamente a un sector cuya prosperidad depende de la circulación de obras. En cuanto a la fiscalidad de los patrimonios, cuyo objetivo es impedir el uso de estructuras societarias para albergar activos privados sin actividad económica, la ampliación a los bienes culturales no tendría en cuenta el funcionamiento real del mercado. De hecho, muchos coleccionistas de todo el mundo utilizan entidades jurídicas, como fundaciones o empresas familiares, por motivos relacionados con la conservación, la gestión de activos, el préstamo o la transmisión de obras. Asimilar estos modos de tenencia a prácticas abusivas equivaldría, según el CPGA y sus siglas miembros, a sancionar un uso común y transparente indispensable para la circulación de los bienes artísticos. Al gravar el patrimonio cultural, las medidas no alcanzarían su objetivo y debilitarían el ecosistema creativo.
Una de las alarmas más importantes se refiere a la probable fuga de colecciones y patrimonio fuera de Francia. En un momento en que Francia está alcanzando a Londres en el sistema post-Brexit, la introducción de un impuesto sobre la tenencia de obras empujaría, según el comité de opositores, a los coleccionistas a organizar sus transacciones, depósitos e instalaciones de preservación hacia jurisdicciones percibidas como fiscalmente más hospitalarias, como el Reino Unido, Suiza o los Estados Unidos. Si se adoptara este impuesto, Francia se convertiría en el único gran mercado del arte, a diferencia de Hong Kong, Estados Unidos y el Reino Unido, que grava con un impuesto sobre el patrimonio la mera tenencia de obras. Las consecuencias inmediatas podrían ser la disminución de las ventas, la externalización de las colecciones, la pérdida de mandatos de expertos y casas de subastas francesas y el traslado de las subastas a Nueva York o Londres. Este choque fiscal podría anular la dinámica de recuperación del sector, a pesar de los signos positivos registrados recientemente.
Luego está el argumento de la amenaza directa al patrimonio nacional y al enriquecimiento de las colecciones públicas. Cada año, las colecciones nacionales y territoriales se enriquecen con unos 250 millones de euros en obras, procedentes de legados, donaciones, daciones y mecenazgo privado. Sin estas transferencias, muchas obras maestras no serían accesibles al público. Los ejemplos históricos que han construido la riqueza de las colecciones francesas, desde las daciones fundacionales del Museo Picasso hasta las aportaciones esenciales al Louvre y Orsay, dan fe de la importancia crucial de estas transferencias.
Según el CPGA, la introducción del impuesto provocaría una probable retirada de los mecenas privados, que a menudo son grandes coleccionistas y actores clave en la formación de las futuras colecciones públicas. Su ausencia provocaría un empobrecimiento inmediato del patrimonio nacional, que el Estado no podría compensar por sí solo; por ejemplo, el presupuesto anual para la adquisición del Museo Nacional de Arte Moderno se limita a sólo dos millones de euros.
Además, al debilitarse los intermediarios (galerías, anticuarios, casas de subastas, expertos), la creación artística viva se vería afectada. Estos actores financian la producción de los artistas, garantizan su visibilidad y apoyan la protección social de los autores. Una caída de las ventas se traduciría en una disminución de las cotizaciones de los conferenciantes, del impuesto de sociedades, de las cotizaciones a la Seguridad Social, de la recaudación del IVA y, en definitiva, de los recursos públicos: el impuesto destruiría, en esencia, su propia base imponible.
Por último, existe una dificultad práctica considerable: el carácter único de las obras hace que su valoración sea extremadamente compleja, dependiente de cotizaciones variables y mercados fluctuantes. Establecer bases imponibles para tales activos generaría considerables litigios administrativos, con costes que probablemente superarían el modesto rendimiento fiscal esperado. Los estudios previos sobre anteriores intentos de incluir las obras en el FSI ya indicaban que los ingresos serían marginales, limitados a unas pocas decenas de millones de euros, equivalentes al 1-2% de los ingresos totales de entonces. La declaración concluye con un solemne llamamiento a los responsables políticos para que excluyan explícitamente del impuesto el arte, los objetos de colección y las antigüedades.
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| Francia, el mundo del arte se rebela contra los nuevos bienes patrimoniales, que incluyen obras de arte |
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