Los trabajadores del patrimonio cultural de Florencia vuelven a hacerse oír. Tras la movilización del pasado 19 de julio, que atrajo la atención de los medios de comunicación nacionales y llevó al diputado Arturo Scotto (PD) a presentar una pregunta parlamentaria, la situación no ha cambiado. Semanas después, las condiciones de trabajo siguen siendo las mismas. Por este motivo, la Asamblea de los trabajadores del patrimonio cultural de Florencia, empleados mediante subcontratación con la empresa Dussmann, ha anunciado un nuevo presidium.
La cita está fijada para el domingo 7 de septiembre a las 9.30 horas en el Piazzale degli Uffizi. Una fecha que no es casual: el día de la entrada gratuita a los museos estatales, cuando el trabajo entre bastidores aumenta y se hace aún más imprescindible para garantizar el funcionamiento de los recintos culturales. Una ocasión estratégicamente elegida por los trabajadores para reafirmar públicamente su reivindicación de derechos y protecciones, demasiado a menudo ignorados.
Los nudos sobre la mesa son numerosos. En primer lugar, se solicita la aplicación de recargos por trabajo dominical, tal y como establece la sentencia del Tribunal de Casación nº 31712/2014. Un principio jurídico que, según los trabajadores, quedaría por tanto incumplido. A esta demanda se suman las quejas por no alcanzar las horas semanales estipuladas en el contrato y el problema del impago de las horas extraordinarias. Los trabajadores exigen entonces la aplicación del contrato colectivo nacional de la Federcultura, que consideran más adecuado que el que se aplica actualmente en la subcontratación. Según la Asamblea, el contrato de Federculture garantizaría unas condiciones económicas más dignas, más derechos y una protección más efectiva, en línea con lo que ya ocurre en muchos museos cívicos italianos, incluidos algunos de Florencia.
Tras la manifestación de julio, que contó con una importante participación y el apoyo concreto de numerosos colegas, en particular los de la Galería de la Accademia, parecían haberse reavivado las esperanzas de confrontación. La pregunta parlamentaria presentada por Arturo Scotto había llamado la atención de las instituciones nacionales sobre el asunto. Sin embargo, según los trabajadores, ni Dussmann ni los demás agentes implicados han dado respuestas concretas.
La denuncia se extiende ahora también a la Consip, concesionaria del ministerio en la gestión de los contratos públicos, a la que se pide ahora que supervise la regularidad de las relaciones entre la empresa contratista y los trabajadores. Según los trabajadores, la Consip habría instado a Dussmann sobre las irregularidades denunciadas, pero de la empresa, al menos hasta ahora, sólo ha llegado el silencio. Un silencio que, según los promotores de la movilización, no podrá mantenerse durante mucho más tiempo.
En un pasaje especialmente significativo del comunicado, la asamblea lanza un llamamiento directo a Dussmann: no sólo para que responda a las preguntas abiertas, sino también para que participe públicamente en el presidium del 7 de septiembre, con el fin de aclarar su posición ante trabajadores, ciudadanos y medios de comunicación. Una invitación al diálogo que, sin embargo, parece descansar en una profunda desconfianza, alimentada por meses -o quizás años- de falta de respuestas.
El movimiento de los trabajadores del patrimonio cultural florentino nació en un contexto más amplio, el de la fragmentación del trabajo cultural en Italia. Un sector estratégico para la identidad del país, confiado a menudo a cooperativas, subcontratas y contratos atípicos, donde el reconocimiento y la protección profesionales son a menudo débiles o inexistentes. Florencia, con su concentración única de patrimonio museístico y monumental, se convierte en un símbolo en este escenario, pero también en un terreno crucial de confrontación. Los acontecimientos que se desarrollan frente a los Uffizi o la Accademia hablan de dinámicas comunes en muchas otras ciudades italianas. Por tanto, la guarnición del 7 de septiembre no es sólo una manifestación local, sino una señal política y social más amplia. Los trabajadores exigen que sus derechos dejen de considerarse accesorios a la valorización cultural. Piden que el trabajo en museos, galerías y sitios históricos deje de ser precario, invisible o, peor aún, degradado por prácticas contractuales opacas.
A la espera de que Dussmann, las instituciones y la Consip adopten una postura, la atención vuelve a centrarse en los trabajadores que, una vez más, llevan su voz a la calle. Una voz que reclama audiencia, dignidad y justicia en un sector que no puede permitirse ignorar a quienes lo hacen posible cada día.
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